"Esto es un castigo por haber investigado a Fernando Zevallos"

Por Rocío La Rosa Vásquez

"Considero que esto es un castigo por haber investigado a Zevallos (...) estoy totalmente indignada". Estas fueron las palabras que pronunció ayer, con desazón, la fiscal provincial de Maynas, Luz Loayza, la mujer que en noviembre del 2005 solicitó la detención del narcotraficante Fernando Zevallos. Acababa de recibir en su domicilio la Resolución 027-2008-MP-FN-JFS, en la que estaban plasmadas las palabras que tanto temía leer: "No ha lugar". Es decir que, a pesar de las amenazas contra su vida, ella tendrá que dejar Lima y regresar a esa ciudad del departamento de Loreto.

Con esta notificación la Junta de Fiscales Supremos rechazó el recurso de nulidad que Loayza y su abogado, Aníbal Quiroga, habían presentado días antes contra la decisión de un traslado solo temporal a Lima el mismo que se dio por concluido para que retorne a Maynas. Loayza y Quiroga consideran que el proceso seguido en su caso estaba viciado. Ayer este Diario consultó en la mañana con fuentes del Ministerio Público para conocer si la junta había resuelto sobre el tema, pero se nos dijo --inexplicablemente-- que no.

HACE DOS AÑOS
El calvario de Loayza empezó en setiembre del 2006 cuando pidió su traslado a Lima. "Días antes se había publicado una entrevista a 'Polaco' (ex lugarteniente de Fernando Zevallos) en la que este aseguraba que había órdenes de atentar contra mi persona. Recordemos que también se atentó contra otro vocal y luego se capturó al sicario 'Negro Plástico'". Pero la fiscal de la Nación, Adelaida Bolívar, denegó su solicitud.

Loayza apeló ante la Junta de Fiscales Supremos, la misma que resolvió en noviembre de ese mismo año su traslado temporal a Lima. "Esa figura no está contemplada en el reglamento", precisa Loayza. Mientras tanto las amenazas continuaban, recalca.

Tiempo después, en diciembre del 2007, la junta varió su decisión inicial y resolvió que Loayza debía volver a Maynas. Esto, debido a un pedido del fiscal superior de Loreto, Luis Hipólito Muñoz, quien adujo abundante carga procesal en su jurisdicción.

"Yo apelé esa decisión y en ese interín solicité al Ministerio del Interior que informe a mi institución del riesgo que existía para mi vida. Así lo revelaban notas de inteligencia. Sin embargo, la junta denegó mi pedido y por eso me vi en la necesidad de solicitar los servicios de mi abogado", detalla.

Ella tenía la esperanza de que la junta acogiera su pedido, aunque confiesa que no mucha. Había recibido el respaldo del propio presidente Alan García, y de los ministros del Interior, Luis Alva, y de Justicia, Rosario Fernández. Pero ninguna invocación tuvo eco.

¿QUÉ RESOLVIÓ LA JUNTA?
La Junta de Fiscales Supremos está integrada por los magistrados José Antonio Peláez Bardales, Percy Peñaranda Portugal, Gladys Echaíz Ramos y Pablo Wilfredo Sánchez Velarde. Este último está de vacaciones.

Este Diario tuvo acceso ayer a la resolución en cuestión, firmada por Echaíz. En ella se dice que por la función que desempeñan, los fiscales se encuentran en situación de riesgo en todo el país.

El documento también refiere que Loayza no ha reportado a sus superiores, "en ningún tiempo ni oportunidad, ni acreditado incidente alguno o amenaza que implique riesgo a su integridad física". Agrega que recién lo hizo cuando se dejó sin efecto su traslado provisional.

DEL CONSULTOR
MARIO AMORETTI PACHAS. Abogado penalista

Grave responsabilidad
En primera instancia, la junta de fiscales supremos consideró improcedente el traslado de la fiscal Luz Loayza a Maynas. Ahora, planteada la reconsideración y vistas las pruebas sobre las amenazas que se han denunciado, ha procedido a declarar fundada esa reconsideración.

Esto significa que para la junta de fiscales la magistrada no ha aportado indicios suficientes que acrediten que su vida corre peligro. Es difícil probar una amenaza, pero se puede recurrir a algunos medios: por ejemplo, demostrar que en su oportunidad se hicieron las denuncias respectivas ante la dependencia policial, que hubo pedidos de protección personal ante los superiores y solicitudes de seguridad para la familia.

Si mañana o pasado le sucede algo a la fiscal Loayza, la junta de fiscales supremos solo asumiría una sanción de tipo administrativa, pues ellos podrían señalar que actuaron en cumplimiento de la ley.

La sanción penal sería para las autoridades responsables de garantizar que nada le pase a la magistrada y ellas son las del Ministerio del Interior y el Ministerio Público, que van a tener que cautelar su seguridad. Para ello, bien podrían concederle parte de la seguridad que hoy ostentan algunos parlamentarios.

El Congreso, aunque no tiene poder de sanción, citó el jueves a la fiscal de la Nación para examinarla sobre este caso. A lo más podría remitir el fruto de sus investigaciones al Consejo Nacional de la Magistratura, organismo encargado de destituir a vocales, fiscales supremos, jueces y fiscales de todas las instancias.

OPINIONES
Advertencias para tomar en cuenta

ALAN GARCÍA PÉREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
"Sería bueno que se investigue esta obsesión de enviar a Loayza de vuelta a Iquitos. No sé qué intereses habrá o, de pronto, hay simplemente esta cosa majadera de decir que se respeten las líneas de mando, pero no se puede poner en peligro a una persona".
25/01/08

ROSARIO FERNÁNDEZ
MINISTRA DE JUSTICIA
"El asesinato de una persona que iba a dar su testimonio en el caso de Fernando Zevallos es un precedente a tomar en cuenta para dar mayor protección a los magistrados y testigos. No podemos esperar que ocurran otros atentados para hacer algo; la mafia no se detiene".
24/01/08

LUIS ALVA CASTRO
MINISTRO DEL INTERIOR
"No damos ninguna directiva, pero sí tenemos la obligación de advertir, y considero que esa no es ninguna intromisión. No pongamos en riesgo la vida de la fiscal Loayza, no sigamos persistiendo para que vaya otra vez al peligro. Pero garantías siempre las va a tener, resguardo también".
28/01/08