Por: Juan Paredes Castro |
El síndrome embrujado de la perpetuación de los gobernantes en el poder es muy viejo y cíclico en América Latina y casi siempre ha tenido su raíz en el convencimiento de estos de que sus pueblos le deben su salvación y, por qué no, también su destino.
Fidel Castro, Alfredo Stroessner, Rafael Leonidas Trujillo, Juan Domingo Perón, Augusto Pinochet y Alberto Fujimori constituyen algunas de las encarnaciones de proyectos autoritarios y dictatoriales caudillistas de largo plazo.
Alberto Fujimori no habría decidido embarcarse cómodamente en el autogolpe de abril de 1992 si el shock económico de un año y medio antes no hubiera logrado sacar al país de la hiperinflación y acercarlo a la posibilidad de su pacificación interna.
En efecto, Fujimori tomó la aprobación popular de la disolución del Congreso como una aprobación a la actitud autoritaria de su régimen, con el chantaje adicional de que no había otra forma de gobernar frente a la escalada terrorista de entonces, que poniendo la democracia, las libertades y los derechos humanos a un costado de los fines supremos del gobierno.
Así justificó su primera reelección inmediata, la del 95 al 2000 y luego la segunda, del 2000 al 2005, que se frustraría pocos meses después con el escándalo del video que mostraba a su asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos entregando dinero a un parlamentario tránsfuga. Su renuncia por fax desde Japón terminaría con el proyecto de gobierno de 25 años.
El rescate de Ingrid Betancourt de manos de las FARC, que vendría a reforzar el proyecto reeleccionista de Álvaro Uribe, bajo el argumento de que solo el continuismo presidencial aseguraría la derrota de esa organización terrorista, y el dilema de los seguidores políticos y electorales de Fujimori de desear un deslinde con la corrupción y criminalidad engendrada por Montesinos, al que el ex presidente no contribuye en absoluto, muestran las dos caras de la medalla de los proyectos autocráticos y dictatoriales en este lado del mundo.
La cara superficialmente atractiva del uso vertical y eficaz del poder, a nombre de un apoyo popular basado en convicciones no siempre democráticas, típicas de América Latina. Y la cara enmohecida de la intolerancia, la corrupción y la coerción de las libertades civiles, piezas ad hoc a toda prolongación del poder, pero que a su vez resultan vulnerables para el sostenimiento del sistema impuesto, como lo demostró el régimen cívico-militar del 90 al 2000 en el Perú.
Las repúblicas latinoamericanas necesitan fundar más instituciones que caudillismos y reforzar las alternancias en el poder y las políticas de Estado a largo plazo. Así evitarán los vacíos de poder que los "salvadores de la patria" suelen aspirar a llenar.