Las constructoras no resarcen daños que ocasionan a inmuebles vecinos

7:47 | Los concejos distritales de Lima retienen certificado de obra finalizada si no reparan a los vecinos

Por Fabiola Torres López / El Comercio

El 'boom' de las construcciones en altura está cambiando el rostro de muchos distritos de Lima, pero no todas las familias pueden sonreír con estos cambios. La constructora Perú Suecia ha ocasionado lo que tres terremotos no han podido con la vivienda de Dolores Paredes (76) y sus hijos: rajaduras en todas las habitaciones y hasta un orificio en la pared.

Desde que en setiembre del año pasado se empezó a levantar un edificio de cinco pisos en la calle Estados Unidos 969 de Jesús María, la pequeña casa de Dolores, que justo está a la espalda de esta construcción, ha empezado a ceder. La cocina, el baño, los dormitorios y hasta el cuarto de lavandería en la vivienda de la calle Gregorio Escobedo 838 están apuntalados por temor a un derrumbe.

Dolores denunció los daños a su propiedad ante la Municipalidad de Jesús María y la constructora subsanó algunas rajaduras, pero un equipo de Defensa Civil de la municipalidad comprobó ayer que se han hecho en forma incorrecta.

La familia se siente impotente y la Gerencia de Control Urbano de Jesús María, también. La constructora Perú Suecia fue multada por modificar ilegalmente el anteproyecto de obra aprobado, desacatar la orden de paralización de los trabajos, retirar el cartel de obra paralizada y colocar sus materiales en la vía pública. Sin embargo, ayer sus obreros seguían trabajando como si nada pasara.

La ingeniera Gioconda Bonilla, subgerenta de Control Urbano de Jesús María, señaló que el expediente de esta constructora pasará a manos del procurador municipal para ordenar judicialmente la paralización de la obra. A la familia afectada le resta ir al Poder Judicial para exigir una reparación por daños y perjuicios. Una demanda que podría tardar años.

Ignoran las normas
Las gerencias de Desarrollo Urbano de las municipalidades retienen el certificado de finalización de obra a aquellas empresas constructoras que no reparan los daños causados a las propiedades de terceros. Sin embargo, este mecanismo de control no sirve con muchas de ellas. La propia JJ Ingenieros, responsable de la construcción donde ocurrió el derrumbe que sepultó a cuatro obreros en Miraflores, tenía otras 19 notificaciones con multas de la municipalidad en otros cinco edificios a su cargo en este distrito. Varias de las multas --aún impagas-- se deben a que no cumplieron con reparar los daños a terceros.

Las municipalidades de San Isidro, Magdalena y Surco han emitido ordenanzas en las que obligan a las constructoras a presentar una declaración jurada en la que se comprometan a resarcir cualquier daño que ocasionen a los propietarios de las viviendas colindantes a sus obras.

De esta manera, obligan a las empresas a hacer un estudio de situación de riesgo respecto de los predios vecinos, antes de autorizar la licencia de obra y la aprobación del proyecto. Sin embargo, este tipo de situaciones ya se encuentra normado en el Código Civil, en cual se indica que el afectado puede presentar una demanda por daños y perjuicios, cuyo monto definirá el Poder Judicial. El Reglamento Nacional de Edificaciones, en tanto, no cuenta con una precisión exacta al respecto, no obstante sí responsabiliza a la constructora por los daños materiales causados.

Además, el texto del reglamento acota que "todo aquello que no esté normado en el presente reglamento se sujeta a la legislación especial vigente. Las sanciones que correspondan imponer las determinarán las municipalidades".

En este sentido, el decano departamental del Colegio de Ingenieros, Javier Piqué, indicó que los concejos distritales están precisando las amonestaciones que corresponden. Sin embargo, denunció ayer en conferencia de prensa que ello no debe obviar la responsabilidad que las municipalidades tienen para formar la comisión supervisora de obras, que debería estar integrada por miembros de los colegios de arquitectos e ingenieros.

Esto sería parte de la prevención, pero solo 15 municipalidades han cumplido con solicitar ingenieros especializados para integrar dichas comisiones. Estas son: Surco, San Isidro, Jesús María, Villa El Salvador, Barranco, Ate, Comas, La Molina, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Santa Anita, San Borja, San Martín de Porras y San Miguel.

Según el presidente del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico), Manuel Villacorta, los concejos deben entablar alianzas con instituciones privadas y públicas para verificar el cumplimiento estricto de las normas de construcción. Capeco ya otorga un certificado de calidad de la construcción a las empresas afiliadas.

Del Consultor
Marco Tulio Gutiérrez, abogado
Cumplir la ley sería suficiente
Cada vez que ocurren tragedias como las de Gamarra y Miraflores, surgen voces que proponen más leyes como solución al problema de las negligencias en las construcciones.

En circunstancias en que se puede pensar que las normas vigentes ya no son suficientes, la obligación de los letrados es recordar que las responsabilidades de todos los involucrados en las obras de construcción ya se encuentran perfecta y claramente establecidas en las siguientes normas: Reglamento Nacional de Edificaciones, Ley de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, códigos civil y penal, así como la Ley de Bases de la Carrera Administrativa.

Ha surgido como propuesta que las municipalidades exijan a los contratistas un seguro de vida para sus trabajadores. En principio, las municipalidades no tienen facultad para crear obligaciones adicionales a las ya establecidas en la legislación nacional, pues en el derecho público las autoridades solamente están facultadas a hacer lo que les está permitido realizar. Además, ya existe la normativa civil que garantiza el pago de indemnizaciones ante estos casos.

En segundo lugar, sería interesante reflexionar que la única manera de evitar que ocurran tragedias es hacer que todos los involucrados cumplan con la ley y para lograrlo habría que empezar por exigir a las autoridades que asuman su responsabilidad fiscalizadora.