18:13 | El Instituto Nacional Penintenciario (INPE) ha elaborado un plan para acabar con el hacinamiento en las cárceles en diez años
Por César Torres Aguirre
La realidad de las cárceles peruanas siempre ha sido crítica, por eso no sorprende que la Comisión de Justicia del Congreso haya propuesto el martes de esta semana declarar en estado de emergencia, por tres años, las prisiones del país. Aunque el informe sobre la privatización de penales aún no ha sido dado a conocer, Leonardo Caparrós, quien asumió hace menos de tres meses la presidencia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), conversó con elcomercio.com.pe sobre los principales problemas de su sector y las propuestas de cambio.
"Efectivamente se está pasando por una crisis, pero esta es casi permanente. En los últimos diez años el INPE ha ido acumulando dificultades, porque no se han estado tomando las acciones (adecuadas) en cuanto a infraestructura, personal y modernización de la institución que permitan ir superando esta situación de a pocos. Probablemente estamos en uno de los picos más altos, no porque la institución esté peor, sino porque tenemos más internos. La población penal ahora está en casi 42 mil y es complicado", afirma.
Soluciones para Lurigancho
¿Cuáles son los principales puntos de la crisis del INPE como institución?
-No tenemos una institucionalidad muy sólida. Cuando llegamos acá, encontramos un reglamento que no respondía a las expectativas ni a la modernidad que deberían tener las instituciones públicas de ahora. Eso se ha corregido, pero una norma no cambia una organización. A partir de esa norma, estamos tratando de iniciar una nueva dinámica. El año pasado por primera vez se trabajó el tema de administración por resultados, metas específicas. Además, se creó la oficina de Asuntos Internos, que nos ha logrado muy buenos éxitos. Ya tenemos una ley del Trabajador Penitenciario terminada y la estamos proponiendo al sector Justicia para que siga su canal normal. Con esos cambios y otros de modo normativo podemos ir construyendo una institución que tenga la capacidad de afrontar los retos que se le vienen. Esto es fuera de (de los temas) presupuesto e infraestructura.
¿Y el hacinamiento en las cárceles?
-Tenemos un plan que le hemos presentado a la ministra (de Justicia, Rosario Fernández) al 2017, porque el INPE debería tener un plan de diez años. Hemos calculado que podemos tener hasta esa fecha 67 mil internos. La idea es que para el 2017 debemos superar las 50 mil plazas de albergue, porque ahora tenemos 22 mil 500. ¿Cómo vamos alcanzar esa meta? Hemos dividido este plan en tres tramos: del 2007 al 2011, de ahí al 2015 y, finalmente, hasta el 2017. En cada uno de ellos se deben hacer 10 mil plazas nuevas. Estamos en la capacidad de cumplir con el objetivo en este Gobierno, hasta el 2011. Luego quedará la tarea para los siguientes gobiernos.
Más cárceles para el 2011
¿Cómo es la relación con la Policía Nacional (PNP) y el Poder Judicial (PJ)? ¿Se deberían formar comités multisectoriales para tratar la problemática penitenciaria?
-Con la PNP tenemos una buena relación, porque nos ayuda en los penales. Por otro lado, tenemos relaciones con sus diversas unidades porque requieren información de nosotros y viceversa. Por ese lado, la comunicación es bastante fluida, por lo menos desde la gestión del general (Gustavo) Carrión (ex presidente del INPE). Con el PJ, las cosas son diferentes porque ellos tienen sus propias maneras. La relación no es mala, pero efectivamente tenemos una suerte de intereses encontrados, porque nosotros seguimos recibiendo una cantidad enorme de gente, mientras que el PJ no acelera sus procesos, incluso de beneficios. Se deben buscar soluciones ingeniosas, porque casi toda persona que entra al PJ va a terminar presa. Tenemos un montón de gente que a lo mejor va a terminar siendo inocente, pero se pasa meses o años presa. La ministra de Justicia (Rosario Fernández) ha asumido este tema y está haciendo las gestiones ante el PJ, tanto técnicas como políticas.
¿Cuál es el déficit de personal penitenciario?
-Calculo que el déficit de personal ahora, tanto de seguridad como de tratamiento, debe bordear los dos mil, dos mil 500. No te hablo solamente de los penales que tenemos nosotros, que también son deficitarios, sino lo que implicaría tomar todo el sistema y relevar a la Policía de todos los penales. Nosotros constantemente le pedimos al Gobierno central y al ministerio de Economía y Finanzas que nos apoye con ese tema. Nosotros estamos planteando en la ley del Trabajador Penitenciario que los ingresos a la escuela deben ser por lo menos bianuales.
Posibilidades de rehabilitación de los presos
¿Se puede hacer privatizar totalmente el sistema penitenciario?
-No se va a poder hacer en el Perú y no se ha hecho en ninguna parte del mundo. Para eso tendríamos que tener una inversión súper importante para remodelar todos los penales. El privado viene a hacer un negocio. Es válido, se ha hecho en otros países y habría que evaluar las condiciones en las que se va a hacer, pero pretender que ese privado o varios privados asuman Lurigancho, Castro Castro o penales en provincias que están derruidos, muy mal mantenidos o que no ofrecen la infraestructura adecuada, es soñar. La Comisión (Especial del Minjus que analizó la posibilidad de las privatizaciones), que ya sacó su informe, lo dice muy claramente: cualquier intento de concesionar tiene que ser de acá para adelante; para atrás, el INPE tiene que seguir existiendo y tiene que seguir manejando sus penales.
¿Cuál va a ser la relación entre el INPE y los concesionarios?
-Proinversión está haciendo el diseño de cómo hacer la concesión. Alguna relación vamos a tener, definitivamente, porque por ley administramos la pena. La concesión, por ley, la va a otorgar Justicia y van a depender de ellos. Luego tendrá que haber un nivel de coordinación con nosotros, pero esa parte es la que está definiendo Proinversión. Ahora ya la decisión política está y lo que están es armando cuál va a ser el modelos exacto de interrelación con estas entidades.