La brecha digital en nuestro país es inmensa. Un niño de la capital, perteneciente a una familia con suficientes recursos económicos tiene acceso a un mundo de información que es completamente inaccesible para el hijo de un agricultor serrano de una zona empobrecida. Todos somos conscientes de la importancia de cambiar esa situación. El problema es encontrar cómo lograrlo.

La semana pasada, cuando el ministro de educación José Antonio Chang anunció que en julio firmaríamos un convenio con el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) para dotar a los escolares peruanos de computadoras portátiles, más de uno sonrió contento al considerar las bondades que traería brindar acceso a la tecnología en las zonas más alejadas del país.

El MIT, bajo la tutela de Nicholas Negroponte, viene desde hace dos años trabajando para crear una laptop que se venda en cien dólares, para escolares de países en vía de desarrollo. Al proyecto se han sumado países sudamericanos como Argentina y Brasil, pero se han retirado grandes compradores como la India, país que planea crear sus propios productos a un menor costo.

La computadora del MIT tiene detrás a todo un grupo de programadores desarrollando paquetes educativos para operar en el equipo y planeando un programa de actividades para sacarle el máximo provecho.

No obstante, entre los especialistas en alfabetización digital existe cierto recelo frente al anuncio por la falta de información pública sobre cómo se va a implementar el proyecto. No se trata sólo de comprar equipos sino de preparar a los docentes y conocer al detalle cuál es el plan de incorporación de las mismas en el modelo educativo peruano.

¿Quién va a evaluar las máquinas? ¿Cuándo se hará la respectiva licitación pública de los equipos? ¿Cuántas asociaciones independientes han revisado la viabilidad del proyecto? ¿Qué políticas nacionales han sido diseñadas pensando en el largo plazo? Estas son solo algunas de las principales inquietudes expresadas en los últimos días en la opinión pública.

En un país como el Perú no bastan las buenas intenciones. Si las herramientas son útiles y viables, no podemos prolongar eternamente la decisión de adquirirlas por enredarnos en discusiones interminables, pero tampoco podemos dejar preguntas sin responder. La magnitud del gasto a realizarse -hablamos de por lo menos 25 millones de dólares- exige una apertura de información sobre los detalles del proyecto y transparencia en su implementación. Queda entonces en manos del Ministro de Educación aclarar las interrogantes y sustentar la propuesta, que esperamos, sea de gran beneficio para los niños de nuestro país.